- El Estado ecuatoriano obtuvo una histórica sentencia a su favor que obliga al Grupo Conticorp y a la familia Ortega Trujillo, iniciadores y copartícipes de la crisis bancaria de 1999, a restituir al Banco Central del Ecuador la suma de USD 190.7 millones en el plazo de 21 días.
Después de casi veinte años de que el Banco Central del Ecuador iniciara una acción judicial en contra del Grupo Conticorp y la familia Ortega Trujillo, el 21 de julio de 1996, ante la Corte Suprema de Bahamas, con la finalidad de invalidar y anular las transferencias realizadas por el Banco Continental y sus empresas vinculadas, y los préstamos que se hicieron entre ellas durante el periodo comprendido entre 1984 y 1996, el Estado ecuatoriano obtuvo una histórica sentencia a su favor, que obliga a este grupo de ex banqueros, iniciadores y copartícipes de la crisis bancaria de 1999, a restituir al Banco Central del Ecuador la suma de USD 190.7 millones en el plazo de 21 días, contado a partir del 23 de marzo de 2015, fecha en que se dictó la resolución del Consejo Privado de la Reina en la ciudad de Londres.
El mencionado fallo es producto de la apelación realizada por el Banco Central del Ecuador, con fecha 08 de julio de 2010, respecto de la sentencia emitida por la Corte Suprema de Bahamas en beneficio de los hermanos Ortega Trujillo y Conticorp S.A., pretendiendo que por no existir mala fe de los accionistas y administradores de dicho grupo financiero no correspondía que restituyan los valores otorgados por el Banco Central del Ecuador a su favor, en calidad de préstamos subordinados en el año 1994; criterio que ha sido revertido en Derecho a favor del Estado ecuatoriano, que deberá proceder a ejecutar la sentencia tanto en el territorio nacional como en las jurisdicciones internaciones donde los sentenciados mantengan activos.
Debido a que, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 237 de la Constitución de la República y el artículo 3 literal d de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, a partir del 16 de diciembre de 2014, el mencionado caso pasó a ser administrado por dicha entidad, el Banco Central del Ecuador ha solicitado al Procurador General del Estado arbitre las medidas necesarias para la debida ejecución de la mencionada sentencia.