Antecedentes de la explotación del Bloque 43-ITT y su impacto ambiental

Antecedentes de la Consulta Popular acerca del Parque Nacional Yasuní

El Parque Nacional Yasuní (PNY) se encuentra en la región centro-norte de la Amazonía ecuatoriana, entre las provincias de Orellana y Pastaza y comprende un área de 1.022.736 hectáreas. En 1989, fue declarado Reserva de Biosfera por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés) al ser catalogado como uno de los territorios con mayor diversidad genética en flora y fauna en el planeta[1]. Específicamente, estudios biológicos sugieren un registro de 62 especies de serpientes, más de 100 especies de anfibios, 121 especies de reptiles, al menos 169 especies de mamíferos, 382 especies de peces y 2.274 especies de árboles y arbustos.

Adicionalmente, el PNY alberga a los pueblos indígenas Shuar, Kichwa y Huaoranis (o Waoranis) quienes mantienen actividades de caza, recolección y pesca en la zona. Dentro de este último grupo se encuentran los Tagaeri y Taromenane, pueblos indígenas en aislamiento voluntario (PIAV), motivo por el cual, mediante Decreto Ejecutivo No. 552 de 1999 se declaró un territorio del PNY como Zona Intangible[2] Tagaeri Taromenane, el cual cuenta con alrededor de 818.501 hectáreas.

Ante este contexto, en 2007, el Gobierno ecuatoriano presentó ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la Iniciativa Yasuní-ITT, la cual proponía mantener las reservas de crudo de los campos petroleros Ishpingo, Tambococha y Tiputini (ITT) (Bloque 43) bajo tierra, para evitar la emisión de alrededor de 400 millones de toneladas de dióxido de carbono, a cambio de una compensación internacional que permita recuperar al menos la mitad de los ingresos previstos por la explotación petrolera, estimados en alrededor de USD 3.600 millones. Sin embargo, la respuesta de la comunidad internacional no fue la esperada[3] y en agosto de 2013 se anunció la decisión de abandonar la iniciativa e iniciar con las operaciones de explotación petrolera[4].

Dictamen de la Corte Constitucional del Ecuador

En respuesta, el movimiento Yasunidos presentó a la Corte Constitucional y al Consejo Nacional Electoral (CNE) la solicitud para realizar una consulta popular que defina la permanencia indefinida del petróleo del ITT bajo el subsuelo. Sin embargo, la propuesta fue archivada por los jueces constitucionales de ese entonces, y rechazada por los consejeros electorales.

Una década después, estas decisiones fueron anuladas y la Corte Constitucional, mediante Dictamen Nro. 6-22-CP/23 de 09 de mayo de 2023, emitió dictamen favorable para la realización de la consulta popular con la pregunta “¿Está usted de acuerdo en que el Gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como bloque 43, indefinidamente en el subsuelo? Sí-No”. Es así que, el 20 de agosto de 2023, los ecuatorianos decidirán si continúa o no la explotación del bloque ITT en el Yasuní.

De ganar el Sí en la consulta, la empresa petrolera tendrá un año para retirar de manera progresiva toda actividad relacionada con la extracción de petróleo en esta área, lo que significaría el retiro de la costosa infraestructura y apagar los pozos petroleros en operación.

Impacto ambiental

Para cuantificar los impactos ambientales de la extracción petrolera en el Bloque 43-ITT, el Banco Central del Ecuador realizó una revisión de estudios de impacto ambiental que fueron presentados por Petroamazonas EP al Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) con el fin de obtener las licencias ambientales para el inicio de la producción en los campos del Bloque ITT, que empezó en 2016. Para esta evaluación se utilizaron matrices causa – efecto, en donde se busca definir las interrelaciones entre las acciones o actividades de un proyecto con los factores ambientales en el área de estudio. Posteriormente, por medio de una valoración numérica a cada interacción, los resultados se comparan con rangos dependiendo de la metodología de evaluación para determinar el nivel de afectación.

Para la evaluación, en el caso del proyecto, se consideraron actividades relacionadas a la construcción, perforación, operación y mantenimiento, cierre y abandono de los campos. Por su parte, los componentes ambientales analizados se desagregaron en tres grupos: abióticos, bióticos y socioeconómicos. La primera categoría se conforma por los elementos aire, suelo y agua. En el caso del componente biótico, se examinaron los factores vinculados a la flora y la fauna y sus afectaciones en distintas familias de especies. En el caso del componente socioeconómico, se consideraron factores como afectación a la movilidad, turismo, empleo, salud y bienestar, entre otros.

El estudio realizado para los campos Tiputini y Tambococha sugiere que la mayoría de las acciones asociadas a las fases de operación afectarían negativamente a los factores ambientales. No obstante, el estudio sugiere un impacto de nivel moderado, lo cual implica que la recuperación ambiental no requiere de prácticas intensivas de carácter correctivo o protector, y donde la recuperación hacia un estado inicial de condiciones ambientales tanto en los factores abióticos como bióticos no necesita de un prolongado período de tiempo.

En el caso del estudio para el campo Ishpingo Norte, se determinaron 232 impactos en las operaciones del campo petrolero, donde el 8,6% de afectaciones tendrían un nivel moderado, y el 37,1% de afectaciones serían catalogadas con un nivel severo, lo que quiere decir que la recuperación de las condiciones del medio ambiente precisa de la implementación de medidas correctoras o mitigantes intensivas durante un extenso período de tiempo. Adicionalmente, el 7,3% de las afectaciones tendrían un nivel crítico, es decir que las acciones relacionadas a la operación de los campos petroleros producen una pérdida permanente e irreversible de las condiciones ambientales, sin posibilidad de recuperación.

[1] Para más información, ver: “Reserva de Biosfera Yasuní, Ecuador” (UNESCO, 1989) recuperado de: https://es.unesco.org/biosphere/lac/yasuni

[2] Se definen como áreas en las cuales no puede realizarse ninguna actividad extractiva.

[3] Para agosto de 2013, la recaudación de depósitos concretos llegó únicamente a los USD 13,3 millones.

[4] El inicio de operaciones de explotación petrolera fue en 2016.